San Andrés, Cartagena y la economía turística: cuando regular mal incentiva la informalidad

En ciudades como San Andrés, Cartagena o incluso Santa Marta, el debate sobre las rentas de corta estancia no puede abordarse desde la misma lógica que en ciudades como Medellín. Aquí, el turismo no es solo una actividad económica más: es, en muchos casos, la base del sustento de miles de personas.

Reducir la discusión a un problema de regulación o a una tensión entre modelos de alojamiento es desconocer la estructura misma de estas economías locales. En estos territorios, la vivienda turística no es únicamente una inversión; es una forma de subsistencia, una estrategia familiar y, en muchos casos, una alternativa frente a la limitada oferta laboral formal.

En este contexto, endurecer las condiciones de operación sin una lectura adecuada del entorno puede tener un efecto contrario al que se busca: incentivar la informalidad.

Economías dependientes del turismo

A diferencia de ciudades con economías diversificadas, en destinos turísticos la actividad económica gira, en gran medida, alrededor del visitante. Esto implica que una parte importante de la población participa directa o indirectamente en la cadena de valor del turismo: alojamiento, transporte, gastronomía, experiencias, comercio local.

En este ecosistema, la vivienda turística ha permitido que pequeños propietarios ingresen al mercado sin necesidad de grandes inversiones o estructuras empresariales complejas. Plataformas como Airbnb y Booking han democratizado el acceso a este tipo de ingresos, permitiendo que actores que antes estaban por fuera del sector turístico puedan participar en él.

Limitar de manera desproporcionada esta actividad no solo afecta a quienes operan alojamientos, sino a todo el tejido económico que depende de ellos.

El riesgo de regular desde una lógica equivocada

Uno de los principales riesgos del enfoque actual es que traslada cargas propias de grandes operadores a pequeños actores, sin considerar sus capacidades reales.

Cuando se imponen:

• requisitos excesivos,

• cargas tributarias elevadas,

• o barreras administrativas complejas

Lo que ocurre no es necesariamente una mayor formalización, sino todo lo contrario. Se genera un incentivo claro: salir del sistema. Y esto no es una hipótesis. Es un comportamiento predecible en cualquier mercado donde el costo de cumplir la norma supera la capacidad económica de quienes deben hacerlo. En lugar de fortalecer la formalidad, se amplía la brecha entre quienes pueden cumplir (grandes operadores) y quienes no (pequeños prestadores).

Una competencia que no es simétrica

Otro punto que suele pasarse por alto es que, incluso con el crecimiento de las rentas de corta estancia, los grandes actores del sector turístico —cadenas hoteleras, operadores tradicionales— siguen concentrando la mayor parte de los ingresos.

La percepción de que las plataformas han desplazado al sector hotelero no se corresponde del todo con la realidad. Lo que sí ha ocurrido es una redistribución parcial del mercado, en la que pequeños actores han logrado capturar una porción de la demanda. Regular de manera desproporcionada este segmento no equilibra la competencia. La distorsiona. Sobre todo cuando la exigencia que trae el proyecto de ley es que estos pequeños actores se inscriban en el Registro Mercantil, cuando en la práctica para muchos este ingreso no constituye su actividad económica principal. Sin embargo, se les exigirá requisitos y se les impondrá cargas tributarias propias de los grandes actores del sector o de quienes sí se dedican a él como su principal actividad económica. actividad realizan dicha actividad de comercio.

Entre la formalización y la exclusión

El objetivo de cualquier regulación debería ser claro: ordenar el mercado sin excluir a quienes dependen de él. Pero cuando las normas: no reconocen las diferencias de escala, no consideran las condiciones territoriales y no se ajustan a la realidad económica de los actores, terminan generando el efecto contrario.

En economías como la de San Andrés o Cartagena, donde el turismo es un eje estructural, una regulación mal diseñada puede traducirse en: pérdida de ingresos para familias, aumento de la informalidad, y concentración del mercado en manos de pocos.

Reflexión final

No todos los territorios funcionan igual. Y no todas las soluciones pueden aplicarse de una manera uniforme.

Regular la vivienda turística en Colombia exige entender esa diversidad. Porque lo que en una ciudad puede ser un problema de ordenamiento, en otra es un asunto de supervivencia económica. Cuando la regulación desconoce esa diferencia, deja de ser una herramienta de equilibrio y se convierte en un factor de exclusión.

Alain Lever Williams